A través de la resolución 1176 que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se instruyó al Ministerio de Economía a que 'limite la vigencia' de la resolución 125 y a reestablecer las posiciones arancelarias dispuestas el 7 de noviembre pasado para esos productos y que estuvieron vigentes hasta el 10 de marzo.
El anuncio fue formulado por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Carlos Fernández, durante una conferencia de prensa al mediodía en Casa de Gobierno, luego de mantener una reunión con la Presidenta.
En los considerandos del decreto, las autoridades nacionales rescatan la 'necesidad' de que el país adopte un sistema de derechos de exportación 'variables o móviles' a fin de asegurar 'la protección del interés de los que menos tienen'.
A renglón seguido expresa que la decisión de dejar 'sin efecto' la resolución 125 y sus modificatorias tiene por objeto la posibilidad de discutir la instrumentación en el futuro de un esquema de retenciones móviles 'en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones'.
La decisión del gobierno, dispuesta un día después que el Senado -con el voto decisivo del vicepresidente Julio Cobos- rechazara el proyecto de ratificación del esquema de retenciones móviles- fue saludada por las entidades agropecuarias.
'Este es el fin del conflicto', dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, mientras que su par de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, calificó a la decisión de 'una buena noticia'.
'Esta es una medida que nos atrasó y nos metió en un conflicto con el que tanto perdimos. Es momento de recuperar el tiempo perdido y volver a producir', agregó Miguens.
Buzzi, por su parte, sostuvo que además de derogar las retenciones móviles el Gobierno debe comenzar a analizar medidas tendientes a 'un tratamiento distinto' para los pequeños productores, además de implementar 'mecanismos de reintegros y compensaciones' para los chacareros con producción inferior a las 1.500 toneladas de soja.
Esta última iniciativa fue contemplada en el proyecto votado por Diputados, pero su aplicación quedó inconclusa debido al rechazo del Senado.
Con la derogación de la resolución 125, que el Palacio de Hacienda hará efectiva en las próximas horas, las retenciones para la soja vuelven al 35 por ciento; para el girasol al 32 por ciento; para el maíz al 25 por ciento y para el trigo al 28 por ciento.
En base a los valores oficiales de exportación fijados hoy por la Secretaría de Agricultura y tomando en cuenta el esquema determinado por la resolución 125, la soja -en 536 dólares la tonelada FOB- tributa una alícuota de 45,6 por ciento; el girasol -en 600 dólares la tonelada- una retención del 41,2 por ciento; el maíz -en 228 dólares la tonelada- 26,2 por ciento y para el trigo -en 330 dólares la tonelada- también 26,2 por ciento.
El decreto 1176 consta de tres artículos en los que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruye al ministro de Economía a que 'limite la vigencia de las resoluciones número 125 de fecha 10 de marzo de 2008, su modificatoria 141 de fecha 13 de marzo de 2008, su derogatoria 64 de fecha 30 de mayo de 2008 y sus complementarias 284 y 285 del 18 de abril de 2008'.
A través del segundo artículo también instruye al titular del Palacio de Hacienda a que 'disponga la vigencia de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR iguales a las dispuestas' el 7 de noviembre pasado.
En los considerandos de la norma -que ocupan cuatro hojas del decreto sobre un total de seis- la jefa del Estado volvió a remarcar la necesidad de lograr una 'equidad distributiva y también territorial', además de una 'mayor equidad en las relaciones económicas' que permitan una 'mejora en la distribución de los ingresos a favor de los que menos tienen'.
Como ya lo hiciera durante el extenso conflicto al defender la necesidad de la medida, el Gobierno volvió a hacer hincapié en las fuerte suba registrada por los precios de los alimentos a nivel internacional y la necesidad de preservar el poder de compra de los sectores de menores recursos dentro del mercado interno.
Además, el Gobierno dijo que la implementación de las retenciones móviles 'fue pretexto para un violento lock out (de parte de las entidades del campo), que inició una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, encarecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas'.
En otro tramo del texto, el Ejecutivo ponderó sus decisión de dar 'participación' al Poder Legislativo en el tema, para que 'se pronunciara en una materia en donde la discusión de intereses había cobrado inusitada virulencia'.
'Los diputados pudieron acordar un proyecto que logró una mayoría parlamentaria suficiente', mientras que el Senado 'sólo pudieron empatar en singulares condiciones y sin ningún consenso positivo' que hizo 'necesario el desempate por parte del Señor Vicepresidente de la Nación', agrega la resolución